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He escrito un millón de notas sobre el atentado a la AMIA, del cual este viernes se cumplieron 31 años. Siempre repito lo mismo, como una suerte de reiteración que busca canalizar la propia impotencia. Porque uno jamás será capaz de entender cómo un expediente que contiene tanta información y evidencia concluyente termina siempre manipulado, malinterpretado y utilizado políticamente. Por todos los gobiernos, desde el menemismo a la fecha. A ninguno le interesa la verdad, porque, si así fuera, solo se ocuparían de ir revelando lo que ya se ha demostrado judicialmente, que no es poco. Allí aparece hasta la factura de la bomba que explotó en la sede de la AMIA y todo el trayecto que tuvo el explosivo en cuestión. Arranca meses antes del 18 de julio de 1994, cuando un ciudadano sirio llamado Nassif Hadad decidió comprar 300 kilos de nitrato de amonio. Es el que terminó detonando en el volquete que una de sus empresas, Santa Rita, dejó en la puerta de la mutual judía. Y aunque Hadad siempre negó la compra, un día apareció la factura de marras, que lo expuso por completo. Lo curioso es que, antes de estallar dentro del volquete, la bomba estuvo en un terreno baldío ubicado en el barrio porteño de Constitución, perteneciente a otro ciudadano sirio llamado Alberto Kanoore Edul. Antes de ello, el día antes del estallido, el edificio de AMIA fue limpiado por la empresa La Royal, de Alfredo Yabrán, también de raigambre siria. Y hay más: un primo del entonces presidente sirio Haffez Al Assad fue detenido junto a otras dos personas poco después del atentado en un departamento de Cochabamba 2617, de la CABA, luego de un llamado anónimo. Todos fueron liberados luego de una oportuna reunión entre Menem y el entonces juez Juan José Galeano. Un detalle no menor: todos eran sirios. Dicho sea de paso, se trató del mismo edificio que utilizaba Menem para reunirse con Yabrán, en sus años de gobernador de La Rioja. El atentado a la AMIA tuvo un antecedente brutal, que fue el ata